PHILIPSBURG, St. Maarten – Durante generaciones, Mullet Bay ha formado parte de la vida cotidiana de St. Maarten. Allí vamos con nuestras familias, nadamos, pescamos y compartimos con amigos. Muchas personas también se ganan la vida en este lugar. Mientras continúan las conversaciones sobre el futuro de la propiedad, necesitamos saber cómo se protegerá nuestro acceso a la playa y al entorno que la rodea.
La sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 7 de julio de 2026 confirmó que la playa es de propiedad pública y que nunca fue adquirida por Sun Resorts. Los terrenos ubicados detrás de la playa son de propiedad privada. Ahora corresponde al Gobierno establecer y publicar claramente esos límites, así como garantizar legalmente un acceso razonable a la playa. Las personas no deberían tener que depender de la buena voluntad de un propietario privado para acceder a un espacio de propiedad pública.
Esto también significa actuar con justicia hacia las personas que trabajan allí. Los vendedores de playa deben estar sujetos a normas claras sobre saneamiento, seguridad, congestión y protección ambiental. Estas normas deben aplicarse por igual, y los vendedores establecidos deben tener una oportunidad justa de cumplirlas. No deberían ser desplazados simplemente porque un futuro desarrollo prefiera ofrecer a sus huéspedes un tipo diferente de experiencia en la playa.
Los propietarios de los terrenos ubicados detrás de la playa también tienen derechos. Cualquier propuesta de desarrollo debe pasar por los procesos de planificación y permisos correspondientes, con una adecuada revisión pública y condiciones que el Gobierno esté dispuesto a hacer cumplir.
Como conservacionista marino, me preocupa especialmente cómo las decisiones que afectan a Mullet Bay tomarán en cuenta a Mullet Pond. La laguna es un humedal de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar, designado como Sitio No. 2270. St. Maarten tiene la responsabilidad de mantener su carácter ecológico y garantizar su uso racional.
Necesitamos entender cómo cualquier desarrollo propuesto podría afectar el drenaje, la calidad del agua, los manglares y la vida silvestre antes de que se tomen decisiones. Las evaluaciones ambientales deben servir de base para determinar qué se permite, acompañadas de medidas de protección que puedan hacerse cumplir y de un monitoreo que continúe más allá de la etapa de construcción.
La Ministra de Finanzas, Marinka Gumbs, también ha planteado preguntas sobre el proceso de elaboración del plan maestro encargado de manera privada, que requieren respuestas. Entre ellas se encuentran los límites de la propiedad, el derecho de tanteo de St. Maarten, la venta propuesta y su relación con la resolución de ENNIA. También ha cuestionado quién autorizó el ejercicio de planificación y cómo se está financiando.
El público debería recibir respuestas a esas preguntas. ¿Qué terrenos abarca el plan propuesto? ¿Quién lo encargó y quién lo está pagando? ¿Qué papel ha acordado desempeñar el Gobierno? ¿Qué validez legal tendría el resultado? ¿Podría la participación afectar el derecho de tanteo de St. Maarten? ¿Y qué significaría una venta para las obligaciones relacionadas con ENNIA y para las finanzas del país?
Estas preguntas deberían resolverse antes de que el Gobierno respalde una visión de desarrollo. Un plan encargado de manera privada puede aportar ideas, pero debemos tener claridad sobre los intereses que representa y sobre cómo encajaría dentro del proceso de toma de decisiones públicas.
Lo mismo se aplica a la consulta pública. Los residentes necesitan contar con suficiente información para cuestionar las propuestas y con una oportunidad real de influir en las decisiones. Esto incluye poder expresar qué debe protegerse, qué usos deberían continuar y en qué lugares el desarrollo no sería apropiado. Pedir a las personas que comenten sobre un concepto que ya ha sido elaborado es solo una parte de esa conversación.
Existe espacio para discutir un desarrollo responsable en Mullet Bay. Pero primero necesitamos claridad sobre los límites de la propiedad, el acceso garantizado a la playa, la protección de Mullet Pond y una explicación completa de la situación legal y financiera del país.
Estos son asuntos que el Gobierno debe abordar de manera abierta y transparente.
Mullet Bay es importante para los habitantes de esta isla. El Gobierno tiene la responsabilidad de proteger nuestro acceso a este lugar y de explicar las decisiones que se están tomando sobre su futuro. No deberíamos tener que esperar hasta que se acuerde una venta o hasta que una propuesta de desarrollo esté muy avanzada para conocer cuál es la posición del público.
