El caso del “Desarrollo de Great Bay” se considera un prototipo para un nuevo marco de incentivos.
PHILIPSBURG, St. Maarten – La Parlamentaia Sarah A. Wescot-Williams ha escrito formalmente a la Ministra de Finanzas y a la Ministra de Turismo, Asuntos Económicos, Transporte y Telecomunicaciones, planteando una serie de preguntas y recomendaciones sobre la legislación de exenciones fiscales de Sint Maarten y el sistema general de incentivos fiscales.
La Parlamentaria señala que el tema de las denominadas exenciones fiscales ha sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo, tanto en el Parlamento como en la opinión pública. “Las recientes preguntas de un colega Parlamentario vuelven a poner de relieve la necesidad de claridad y transparencia en la aplicación de estos incentivos fiscales”, declaró Wescot-Williams.
En su carta, Wescot-Williams hace referencia a las respuestas que el entonces Ministro de Finanzas dio al Parlamento en 2023 sobre la divulgación de información relativa a las exenciones fiscales. Pregunta si los Ministros actuales comparten la misma opinión respecto a la divulgación de información al Parlamento y la transparencia en estos asuntos.
La Parlamentaria señala además que los documentos y las presentaciones ante el Parlamento sobre la reforma tributaria hasta la fecha sugieren la abolición de la legislación vigente sobre exenciones fiscales. «Si esta es realmente la postura del Gobierno, debería indicarse claramente. De lo contrario, el Gobierno debería exponer su opinión sobre la continuidad o la reforma de esta legislación», escribió.
Wescot-Williams también hizo referencia a un anuncio de 2019 del exministro de Finanzas sobre la preparación de una enmienda al marco de incentivos, y preguntó qué sucedió con esa iniciativa.
La Parlamentaria destacó la exención fiscal otorgada en 2018 al promotor del proyecto inmobiliario «Great Bay», señalando que posteriormente se concedió una prórroga mediante Decreto Ministerial en 2020. Cuestiona si se cumplieron los criterios de inversión requeridos, si existía alguna justificación económica cuantificable y si el decreto posterior estaba válidamente vinculado al decreto original de 2018.
«Estas cuestiones son fundamentales para la concesión, el seguimiento y la aplicación de los incentivos fiscales», enfatizó la Parlamentaria.
A la espera de respuestas, Wescot-Williams propone utilizar este caso como modelo de prueba para un marco de incentivos reformado y modernizado.
Sus recomendaciones al Gobierno incluyen:
- Establecer una revisión de políticas utilizando el caso de Great Bay como proyecto piloto para probar herramientas de auditoría y cumplimiento posteriores a la concesión de incentivos;
- Introducir criterios claros para futuras solicitudes de incentivos, incluyendo evaluaciones de impacto económico y ambiental;
- Incorporar cláusulas de revocación para retirar los beneficios en caso de incumplimiento;
- Separar las iniciativas de RSC (responsabilidad social corporativa) de los incentivos fiscales; y
- Publicar los proyectos de incentivos aprobados y sus resultados, tomando como referencia la Ordenanza de Curaçao de 2024 sobre «revisión y reforma».
«Si bien el caso de Great Bay puede considerarse cerrado procesalmente, ofrece una oportunidad oportuna para que Sint Maarten demuestre una gobernanza proactiva y responsabilidad fiscal», declaró Wescot-Williams. «Al poner a prueba nuevas herramientas de evaluación y medidas de transparencia en este caso, el Gobierno puede establecer un referente regional en gestión económica sólida y rendición de cuentas».
Concluyó que esta iniciativa, de implementarse con prontitud, podría posicionar a Sint Maarten como líder regional en políticas de inversión transparentes y responsables.
