PHILIPSBURG, Sint Maarten – El Tribunal de Apelación ha sentenciado a M.D. a 48 meses de prisión y a J.C.L. a 21 meses por su participación en la investigación “Seabass”, un caso de corrupción que expuso fraude y lavado de dinero dentro del Departamento de TIC del gobierno de Sint Maarten.
En el caso de M.D. el Tribunal de Apelación confirmó que el país fue defraudado por aproximadamente US$4,4 millones y NAf1,1 millones durante un período de nueve años. J.C.L. defraudó al país por aproximadamente US$2,6 millones y NAf50,000 durante seis años. M.D. y J.C.L., quienes se desempeñaron como jefe y jefe interino/oficial de políticas del departamento de TIC, respectivamente, abusaron de sus cargos al brindar asesoramiento favorable sobre licitaciones a las empresas Effective Business Solutions & I.T. Consulting EZ and N.V. (“EBS”) y Valmeer Management & Consultancy N.V.
(“VMC”), manteniendo en secreto intereses creados en estas empresas. Su participación se ocultó deliberadamente al gobierno mediante el nombramiento de miembros de la familia como directores generales.
Además de fraude, M.D. y J.C.L. fueron condenados por blanqueo de dinero. La investigación reveló que los fondos recibidos del gobierno, tras la adjudicación de contratos a EBS y VMC, fueron transferidos a empresas fantasma estadounidenses y posteriormente canalizados a sus cuentas personales. Estos fondos se utilizaron luego para financiar gastos privados y estilos de vida lujosos.
La Fiscalía OM SXM destacó la gravedad de los delitos, citando como factores agravantes el prolongado período de nueve años de actividad fraudulenta, las importantes pérdidas financieras sufridas y la traición de la confianza pública por parte de los acusados como funcionarios públicos.
El Tribunal de Apelación considera un delito grave que M.D. y J.C.L. abusaran de la responsabilidad y la confianza que se les había confiado como funcionarios públicos de esta manera. El Tribunal de Apelación destaca que se espera que las personas que trabajan en el gobierno cumplan con estándares de conducta más elevados y subraya específicamente el requisito de integridad. El hecho de que los acusados no hayan reconocido la mala conducta de sus acciones y no hayan comprendido las consecuencias ha jugado en su contra a la hora de decidir la duración de sus condenas de prisión.
Esta sentencia representa otro paso importante para abordar la corrupción pública y restablecer la confianza en el gobierno de Sint Maarten.
