Willemstad, Curaçao – El Consejo Económico y Social (SER) de Curaçao emitió una opinión consultiva sobre la introducción de un sistema de garantía de depósitos en Curaçao. Este asesoramiento fue solicitado por el Ministro de Finanzas de la isla de sotavento y se relaciona con la implementación del Artículo 39 de la Ordenanza Nacional sobre la Supervisión de las Instituciones Bancarias y de Crédito.
La SER aplicó un cuidadoso proceso de investigación para llegar a esta opinión consultiva. Este proceso incluyó una revisión de la literatura y un estudio de sistemas similares en la región e internacionalmente. También se obtuvo información importante de las discusiones con las partes interesadas relevantes, incluido el propio Ministro, expertos en los sectores bancario y crediticio, y otros expertos financieros.
El sistema de garantía de depósitos tiene como objetivo compensar a los titulares de cuentas en caso de que una entidad de crédito no pueda cumplir con sus obligaciones. Esto tiene como objetivo aumentar la protección de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero.
En 2021, el Banco Central de Curaçao y St. Maarten (CBCS) y las organizaciones representativas relevantes ya llegaron a un consenso sobre la introducción del sistema de garantía de depósitos. El sistema incluirá reglas sobre la estructura, supervisión, tamaño y financiamiento del sistema de garantía de depósitos.
El Sistema de Garantía de Depósitos se aplica a depósitos garantizados en instituciones de crédito autorizadas por el CBCS. Esto incluye instituciones de crédito establecidas en Curaçao, subsidiarias de grupos bancarios e instituciones de crédito que operan desde una sucursal en Curaçao.
El sistema de garantía de depósitos prevé un tamaño de garantía total del 7% del tamaño total de los depósitos garantizados en todas las entidades de crédito participantes. Este objetivo deberá alcanzarse en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor del sistema de garantía de depósitos. El coste del sistema de garantía de depósitos será sufragado por las propias entidades de crédito mediante una aportación básica anual.
La introducción de este proyecto de decreto nacional tiene como objetivo lograr un sistema financiero más fuerte y resistente en la isla.
