ORANJESTAD, St. Eustatius – Como resultado directo de la Cumbre BES celebrada el 12 de febrero de 2025 en Saba, los Consejos Insulares de Bonaire, St. Eustatius y Saba acordaron conjuntamente enviar una carta de respuesta al Secretario de Estado de Relaciones con el Reino.
Esta carta aborda las preocupaciones planteadas por su correspondencia fechada el 6 de febrero de 2025, en la que describió las enmiendas propuestas a la Ley de entidades públicas de Bonaire, St. Eustatius y Saba (WolBES) y la Ley de finanzas de entidades públicas de Bonaire, St. Eustatius y Saba (FinBES).
Durante la semana pasada, los tres Consejos Insulares confirmaron y acordaron la carta de respuesta conjunta en sus respectivas reuniones y la presentaron formalmente a la oficina del Secretario de Estado, así como a otros organismos gubernamentales clave.
La respuesta destaca las preocupaciones con respecto a los cambios unilaterales a los acuerdos que se negociaron cuidadosamente durante la Conferencia de Trabajo celebrada en marzo de 2024 en De Bilt.
Estos acuerdos se establecieron en colaboración con el ex Secretario de Estado y tenían como objetivo orientar la gobernanza y las estructuras financieras futuras de las islas.
En su reciente carta, el recién nombrado Secretario de Estado expresó su intención de revisar algunos de estos acuerdos y tomarse más tiempo para evaluar los ajustes adicionales.
Los Consejos Insulares se oponen firmemente a este enfoque, ya que no se realizó ninguna consulta con las islas antes de estos cambios propuestos.
Los Consejos Insulares consideran que esta falta de diálogo es irrespetuosa y despectiva de los esfuerzos de colaboración realizados durante la Conferencia de Trabajo.
Dado que estos acuerdos se establecieron de buena fe, esperan que el Secretario de Estado entable una conversación constructiva antes de realizar cualquier modificación.
En la carta conjunta, los Consejos Insulares de Bonaire, St. Eustatius y Saba han solicitado formalmente una reunión urgente con el Secretario de Estado antes de que comience el proceso de consulta para las modificaciones legislativas.