Bonaire — James Finies, fundador de la Organización de Derechos Humanos de Bonaire (BHRO), habla sobre el contexto de los procedimientos legales contra el gobierno Neerlandés por las obligaciones climáticas de Greenpeace Países Bajos.
Una delegación de Greenpeace se reunió con el Sr. James Finies en las oficinas de la BHRO el 21 de agosto de 2021. Desde entonces, el Sr. Finies ha advertido a los líderes de Greenpeace contra la manipulación o tergiversación de la crisis climática en el contexto de Bonaire. El caso de Bonaire se refiere al derecho a la autodeterminación y a los derechos humanos fundamentales, y tiene un fuerte componente político. Muchos de los demandantes involucrados son políticos, y dicha tergiversación podría suprimir, desviar o confundir la atención internacional del proceso constitucional e internacional para proteger al pueblo de Bonaire, en virtud del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, como Territorio No Autónomo.
“Mi madre y mi padre, sus padres y generaciones anteriores a ellos nacieron y vivieron en Bonaire. Durante cientos, miles de años, nuestros antepasados han pescado en sus aguas, cazado en sus tierras y cultivado su suelo. Bonaire no es solo nuestro hogar, es nuestra identidad, nuestra historia y nuestra responsabilidad de protegerla”, dijo Finies.
Los pueblos originarios de Bonaire han enfrentado un declive rápido y sistemático. Desde la disolución forzosa de las Antillas Neerlandesas en 2010, la población local se ha reducido de aproximadamente el 80% a tan solo el 30% en tan solo quince años. Familias están siendo desplazadas, se les niegan sus derechos y se les excluye su voz de las decisiones que afectan la cultura, el futuro y la isla.
Es desde esta realidad que hablo, no solo como individuo, sino como parte de un pueblo que se niega a ser borrado, un pueblo que, desde 2010, se enfrenta a una crítica “borradura silenciosa de su existencia y cultura”. Un pueblo que está desapareciendo ahora, no por un cataclismo climático futurista, sino por las leyes y políticas coloniales impuestas por La Haya. Es en este contexto que abordo las acciones de Greenpeace y el problema más profundo de la justicia ambiental sin autodeterminación.
Este asunto plantea serias preocupaciones respecto a la justicia ambiental, el consentimiento y el derecho a la autodeterminación del pueblo de Bonaire.
Tergiversación y falta de consentimiento: Greenpeace ha citado a Bonaire en demandas climáticas, pero ignorar su administración colonial impuesta sin consentimiento corre el riesgo de tergiversar la realidad política y de derechos humanos de la isla.
Colonialismo de lavado de imagen: Al presentar a Bonaire simplemente como una “isla holandesa” afectada por el cambio climático, Greenpeace legitima inadvertidamente el control colonial y silencia la lucha de la isla por la autodeterminación, convirtiendo una posible campaña por la justicia en un lavado de imagen que perpetúa la explotación, la exclusión y la degradación ambiental.
La verdadera justicia ambiental no puede existir sin la descolonización y la autodeterminación. Por lo tanto, instamos a Greenpeace y a todas las organizaciones internacionales a *Reconocer a Bonaire como un territorio colonizado y no autónomo.
*Corregir la información errónea sobre su estatus constitucional, etiquetando incorrectamente a Bonaire como un “municipio especial” de los Países Bajos, ignorando que su incorporación como Entidad Pública se impuso sin el consentimiento de la población.
*Involucrar a la experiencia local existente: Bonaire cuenta con más de diez organizaciones ambientales con décadas de experiencia, incluyendo BHRO, una organización de derechos humanos. Sin embargo, Greenpeace ha ignorado a estos grupos, centrándose en cambio en figuras políticas para sus campañas de atención global.
*Apoyar la gobernanza indígena y local como elemento central de cualquier marco de justicia climática.
*Garantizar que los beneficios, fondos, leyes y políticas relacionados con el clima empoderen directamente a la población de Bonaire, en lugar de a gobiernos e instituciones europeos distantes.
*Reconocer la marginación demográfica y cultural de los bonaireños, cuya población ha disminuido del 80% al 30% en quince años, lo que pone a la comunidad en grave riesgo de desaparición.
Los desafíos ambientales y sociales de Bonaire son inseparables de su marginación política. Sin autogobierno, Bonaire no puede establecer sus propias leyes y políticas ambientales, gestionar sus recursos ni decidir cómo se utilizan los fondos de adaptación.
Para que la acción climática sea justa y eficaz, también debe ser descolonial: restituir al pueblo de Bonaire el derecho a decidir su propio futuro, en su propia tierra.
