Kralendijk, Bonaire – James Finies y Davika Bissessar, de Bonaire Human Rights, responden a las recientes declaraciones de Arthur Sealy y Willem Cecilia en un popular programa de entrevistas; se ha sugerido que solo el gobierno de Bonaire está en condiciones de representar los intereses del pueblo de Bonaire. La historia muestra que los movimientos liderados por ciudadanos han desafiado las estructuras de poder, defendido los derechos humanos e impulsado cambios sociales significativos, lo que demuestra que la gente común puede influir colectivamente en el progreso. La Organización de Derechos Humanos de Bonaire (BHRO) durante la última década ha proporcionado una plataforma para las voces marginadas de Bonaire.
La crisis actual que enfrenta el pueblo de Bonaire, reducido del 80% a un grupo minoritario de solo el 32% en 2024, está provocando la rápida desaparición de su identidad, cultura, idioma, normas y valores.
El actual gobierno, formado por los mismos líderes políticos —Clark Abraham, Daisy Coffie y Cyril Vrolijk— que en 2017 traicionaron a los Bonairenos al ignorar su rechazo al estatus actual, el voto del No, permitió que el gobierno holandés nos anexara y nos anclara en la Constitución holandesa e impusiera derechos desiguales en Bonaire de forma permanente. El gobierno de Bonaire se ve obligado a aceptar e implementar leyes hechas en La Haya que se imponen ilegalmente, violando el derecho internacional.
El Sr. Arthur Sealy, políticamente comprometido, fue el presidente del comité del referéndum en 2004, que dirigió la campaña del referéndum con falsas promesas que nunca se cumplieron hasta hoy, desinformando a la población de Bonaire y preparando el escenario para la tragedia del 10-10-10. Además, el Sr. Willem Cecilia jugó un papel importante en la implementación del 10-10-10 como secretario de la isla, supervisando el proceso gubernamental legal que nos colocó en esta estructura ilegal.
Queremos recordar al señor Sealy y al señor Cecilia que el deber primordial del gobierno es respetar, proteger y cumplir los derechos del pueblo, no traicionar ni violar sus derechos fundamentales. Queremos destacar que el derecho inalienable a la autodeterminación, tal como lo establecen el derecho internacional y los tratados, pertenece al pueblo, no a los gobiernos de Bonaire o de Holanda. Este derecho fue claramente violado cuando en el referéndum de 2015, el 66% de la población rechazó el estatus ilegal impuesto de anexión, una opción ratificada por el parlamento de la isla como una decisión democrática legítima.
Esta falta de respeto plantea serias dudas sobre la representación y la autonomía del pueblo de Bonaire. La confianza en los líderes políticos ha disminuido, lo que ha dado como resultado una menor participación electoral. Las consecuencias del 10-10-10 son ahora más claras: los representantes locales están subordinados a unas ocho entidades controladas por los holandeses que toman decisiones. La participación electoral ha disminuido de más del 80% antes del 10-10-10 a alrededor del 50% en las últimas elecciones, incluidos los colonos holandeses que obtuvieron el derecho a voto después de tres meses en la isla. Esta disminución subraya la necesidad de que la BHRO y la sociedad civil defiendan los derechos e intereses de la población.
Instamos a todas las partes interesadas a que reconozcan la importancia de una representación inclusiva y apoyen los esfuerzos de la BHRO y la sociedad civil en su defensa de la justicia, la igualdad y una representación justa y legítima para el pueblo de Bonaire.
