Caribisch Nederland – El martes 7 de octubre de 2025, el Senado aprobó la introducción de la legislación de igualdad de trato en Bonaire, St. Eustatius y Saba. Esto significa que la Ley de Protección contra la Discriminación se adoptó definitivamente en las islas.
De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, varias leyes que garantizan la igualdad de trato son aplicables en los Países Bajos. Hasta el momento, estas leyes no son aplicables a Bonaire, St. Eustatius y Saba. Esta disparidad se elimina con la nueva ley: la legislación que ofrece protección contra la discriminación pronto se aplicará en todo el territorio Neerlandés.
Investigaciones previas han demostrado que la legislación de igualdad de trato es importante para los residentes de Bonaire, St. Eustatius y Saba. Tras la aprobación de la ley, los residentes pronto podrán invocarla si se sienten discriminados, por ejemplo, por motivos de origen, religión, género u orientación sexual. Para ello, tendrán acceso a un servicio de lucha contra la discriminación, ubicado en la ventanilla de asistencia jurídica gratuita que se está instalando en cada isla. Personal con experiencia jurídica trabajará próximamente allí para registrar las denuncias de los ciudadanos sobre experiencias de discriminación, escuchar atentamente y determinar el posible seguimiento junto con la persona que denuncia el incidente.
Esta legislación otorga al Instituto Neerlandés de Derechos Humanos una nueva función de evaluación en Bonaire, St. Eustatius y Saba. Esto significa que los ciudadanos pueden presentar una solicitud al Instituto para evaluar si su situación constituye discriminación.
El Ministro Rijkaarts, del Ministerio del Interior y Relaciones del Reino: «Con esta ley, todos los residentes de nuestro país tendrán la misma protección contra la discriminación. Y no solo en el papel, ya que gracias a las ventanillas de ayuda que se abrirán, los habitantes de las islas recibirán ayuda y apoyo directos. Esto es importante: nadie debe ser excluido ni tratado de forma desigual».
La entrada en vigor oficial de la Ley está prevista para el 1ro de enero de 2026.
