Philipsburg, Sint Maarten — El Ministerio de Justicia desea aclarar el debate público en curso sobre la liberación anticipada de reclusos y el uso del monitoreo electrónico. Contrariamente a la creencia popular, el programa de liberación condicional anticipada de Sint Maarten no es nuevo y continúa aplicándose, junto con el monitoreo electrónico, en estricto apego a la ley.
Lo que dice la ley
La liberación condicional anticipada ha formado parte del proceso judicial en Sint Maarten desde hace mucho tiempo. Según el artículo 1:31 del Código Penal, se puede considerar la liberación de los reclusos después de cumplir dos tercios de su condena. En circunstancias excepcionales, como el hacinamiento carcelario crónico, se pueden conceder liberaciones excepcionalmente antes del umbral de dos tercios, por ejemplo, después de haber cumplido el 60% de la condena, según lo permite el artículo 1:37 del Código Penal.
Es importante enfatizar que este proceso no es arbitrario. El proceso está estrictamente regulado y cada caso se evalúa según sus propios méritos. La Ministra de Justicia no tiene la autoridad para emitir excarcelaciones anticipadas a voluntad. Está sujeto a los procedimientos legales y solo puede actuar con base en el asesoramiento escrito del CCR, con la participación adicional del Director de Prisiones y la Oficina de Libertad Condicional.
Si bien el Ministerio está explorando la posibilidad de ajustar el umbral porcentual para ayudar a gestionar los problemas estructurales de capacidad de las celdas, cualquier cambio debe seguir un proceso cuidadoso, razonado y legal, en consulta con todas las partes interesadas, incluida la Fiscalía.
La monitorización electrónica no sustituye la pena de prisión.
Las discusiones sobre el uso de la monitorización electrónica (ME), como las tobilleras, también deben basarse en hechos y leyes.
La ME es una condición especial, no una alternativa general al encarcelamiento. Solo se impone cuando está justificado, con base en evaluaciones de riesgo y otros factores específicos del caso, y debe cumplir con el Artículo 1:32 del Código Penal.
Las tobilleras son la excepción, no la regla. El monitoreo electrónico cuesta aproximadamente US$254 por persona al mes, sin incluir personal ni apoyo para la aplicación de la ley. Dadas las limitaciones presupuestarias actuales, la ampliación del sistema no es viable. Su uso responsable requiere recursos adecuados y debe cumplir siempre con la ley. Aplicarlo fuera de los límites legales socava el sistema judicial y el principio de legalidad.
Libertad anticipada y monitoreo electrónico no equivalen a “más espacio”
Incluso con el programa de libertad anticipada en funcionamiento, muchas personas condenadas permanecen en lista de espera para su detención debido a la escasez de celdas desde hace tiempo. La libertad anticipada por sí sola no resolverá el problema. En el caso del monitoreo electrónico, las celdas deben permanecer disponibles en caso de que alguien incumpla las condiciones de su liberación. Aunque las personas no estén físicamente presentes, se debe reservar espacio para su regreso si es necesario. Esto significa que ni la libertad anticipada ni el monitoreo electrónico liberan espacio permanente.
Cumplimiento de la ley
Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo de los Países Bajos han sido claros: la política ejecutiva no puede sustituir los procesos legales adecuados. Todo cambio o excepción que implique la ejecución de una pena privativa de libertad debe tener una base jurídica clara y respetar el Estado de derecho. El principio de legalidad es ineludible, incluso ante necesidades urgentes.
Construyendo hacia soluciones sostenibles
Reconociendo los desafíos actuales, el Ministerio de Justicia está adoptando medidas a largo plazo. En colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Ministerio se prepara para iniciar la construcción del nuevo centro penitenciario en octubre de 2025.
Este proyecto representa un paso importante para aumentar la capacidad de detención de Sint Maarten, duplicando con creces el número de reclusos que el centro actual puede albergar. Esto no solo ayudará a aliviar la presión sobre la prisión existente, sino que también permitirá mejores programas de rehabilitación, mejores condiciones laborales para el personal y una implementación más eficaz de las políticas judiciales en general.
La libertad condicional anticipada está actualmente en vigor y se aplica dentro de los límites de la ley y bajo estricta supervisión. Las afirmaciones en contrario son incorrectas y engañosas para la opinión pública.
El Ministerio de Justicia mantiene su compromiso con el cumplimiento de la ley, la protección de la seguridad pública y la adopción de medidas responsables y legalmente sólidas para mejorar los sistemas de detención y rehabilitación en Sint Maarten.
