PHILIPSBURG, Sint Maarten – Un exparlamentario de St. Maarten ha sido condenado a 18 meses de prisión y a seis años y medio de inhabilitación para ejercer como funcionario público o presentarse a elecciones en un caso de compra de votos. El período de inhabilitación es el máximo establecido en la legislación penal del país.
El Tribunal de Primera Instancia dictó su veredicto el miércoles por la mañana en el caso interpuesto por la Fiscalía (OM SXM) contra el exparlamentario A.A. y dos co-sospechosos. Las sentencias reflejan la gravedad del delito y su importante impacto en la confianza pública en la democracia.
El co-sospechoso con inicial M, recibió una condena de 12 meses, con cuatro meses de libertad condicional y un período de prueba de tres años. El otro co-sospechoso con inicial F, fue condenado a cumplir 180 horas de servicio comunitario, de las cuales 90 horas son condicionales, junto con un período de prueba de tres años.
OM SXM cree que el fallo del tribunal envía una severa advertencia contra los intentos de socavar la democracia en Sint Maarten. El veredicto reafirma el compromiso de la comunidad de salvaguardar los principios democráticos y garantizar unas elecciones libres y justas. La integridad y la confianza deben seguir siendo las piedras angulares del servicio público, y estas sentencias subrayan las graves consecuencias de traicionar esa confianza.
El 18 de diciembre de 2024, el fiscal presentó sus argumentos, enfatizando las graves implicaciones de la compra de votos en el sistema democrático de Sint Maarten.
Los fiscales destacaron cómo el fraude electoral erosiona la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de las elecciones, socava la gobernanza y muestra un flagrante desprecio por los valores democráticos.
El sistema democrático de Sint Maarten es vulnerable (apenas 15 escaños Parlamentarios y un umbral bajo de votos necesarios para obtener un puesto) por lo que las consecuencias del fraude electoral son particularmente graves. La Fiscalía había exigido penas severas, que incluían prisión y prohibiciones para ejercer cargos públicos, para disuadir esos delitos y reforzar el principio de que la compra de votos es inaceptable.
