Kralendijk, Bonaire — La Organización de Derechos Humanos de Bonaire (BHRO) denuncia la reciente legislación como un acto colonial disfrazado de igualdad, cuyo objetivo es reforzar el control holandés en lugar de proteger los derechos del pueblo de Bonaire.
En opinión de BHRO, esta ley somete al pueblo de Bonaire a otra estructura administrativa holandesa, socavando su derecho colectivo a la autodeterminación y desviando la atención de la defensa internacional de los derechos humanos de Bonaire en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
“¿Cómo pueden darnos una ley contra la discriminación cuando todo el sistema que nos gobierna es discriminatorio? Otra reforma colonial”. — James Finies, Fundador de BHRO
Antecedentes: Erosión de derechos desde el 10 de octubre de 2010 (10-10-10), los derechos democráticos y el poder político del pueblo bonaireño fueron confiscados cuando la isla fue anexada unilateralmente como “entidad pública” de los Países Bajos. Este estatus se incorporó formalmente a la Constitución neerlandesa en 2017, ignorando el rechazo del pueblo bonaireño al estatus impuesto en el referéndum de 2015.
Con la aprobación de la Ley contra la Discriminación el 7 de octubre de 2025, los Países Bajos han vuelto a subsumir los derechos de Bonaire bajo un sistema Neerlandés, colocando los derechos individuales bajo instituciones controladas, financiadas y dirigidas por el gobierno Neerlandés, en lugar de bajo supervisión internacional.
Una ley Neerlandesa en manos Neerlandesas: Si bien los Países Bajos presentan esta legislación como un avance, BHRO afirma que se trata de otra ley impuesta diseñada para controlar al pueblo bonaireño. La ley será implementada y supervisada por el Instituto Neerlandés de Derechos Humanos, un organismo con sede en Holanda y financiado por el gobierno neerlandés. Esto significa que las decisiones sobre Bonaire se seguirán tomando a 8,000 kilómetros de distancia, en La Haya.
BHRO también señala que su delegación estuvo presente en Ginebra durante las sesiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde también estuvo presente el presidente de este mismo Comité Neerlandés de Derechos Humanos, el Sr. Rick Lawson, lo que pone de relieve los continuos intentos de los Países Bajos por gestionar su imagen internacional mientras evaden la rendición de cuentas por sus prácticas coloniales.
En opinión de BHRO, la ley contradice los principios de igualdad y autodeterminación, ya que evalúa los casos de discriminación utilizando criterios legales Neerlandeses en lugar de las normas internacionales de derechos humanos, y no protege a los bonaireños como un pueblo distinto con derechos colectivos. Una potencia colonial no puede legislar la verdadera igualdad, y un gobierno que niega a un pueblo su derecho a la autodeterminación no puede afirmar con credibilidad que lucha contra la discriminación.
Contexto histórico: James Finies, fundador del movimiento de sociedad civil y derechos humanos Nos Ke Boneiru Bek y quien presentó una denuncia ante los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en 2012, se convirtió en una voz clave en la defensa del derecho de Bonaire a la autodeterminación. Ese mismo año, el gobierno Neerlandés también creó el Instituto Neerlandés de Derechos Humanos.
Irónicamente, 2014 marcó el inicio de la histórica protesta ininterrumpida de James Finies —que duró más de 200 días frente a la Oficina del Gobierno de Bonaire, donde exigió un referéndum y el respeto al derecho de Bonaire a la autodeterminación— y el año en que el Instituto Neerlandés de Derechos Humanos recibió la acreditación de la ONU, lo que le permitió participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros órganos de supervisión de la ONU.
BHRO es una organización independiente de derechos humanos que rinde cuentas no al gobierno Neerlandés, sino a las normas internacionales de derechos humanos. Opera sin financiación ni supervisión del Estado Neerlandés y está acreditada para participar en los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros órganos de supervisión de la ONU.
En la 78.ª sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, celebrada en Ginebra el 17 de septiembre de 2025, BHRO interrogó a los Países Bajos sobre la imposición de leyes inmorales y la supresión de los derechos educativos, lingüísticos, económicos, sociales y culturales en Bonaire, sin respetar las creencias culturales y religiosas de la isla ni su derecho a la autodeterminación. La delegación neerlandesa No pudo ofrecer una respuesta sustancial y se le concedió un plazo para hacerlo.
La nueva Ley Antidiscriminación se creó deliberadamente para engañar a la comunidad internacional y dar una apariencia de justicia, mientras que la injusticia fundamental —la relación colonial— permanece intacta. La ley aborda únicamente los derechos individuales bajo control neerlandés, no los derechos colectivos de los bonaireños como pueblo según el derecho internacional.
BHRO continuará con su labor de incidencia, instando a las Naciones Unidas, al CARICOM y a la comunidad internacional de derechos humanos a que vayan más allá de la retórica Neerlandesa y examinen la discriminación sistémica arraigada en la gobernanza de Bonaire y los Países Bajos del Caribe.
