BONAIRE – Dieciséis años después de la transición de Bonaire a entidad pública dentro de los Países Bajos el 10 de octubre de 2010, persisten interrogantes fundamentales sobre el consentimiento democrático, los derechos humanos, la desigualdad económica, la identidad cultural y el derecho de los bonaireños a forjar su propio futuro.
La promesa de una vida mejor mediante una mayor integración con los Países Bajos debe contrastarse con la realidad de la población. El aumento del costo de vida, la presión sobre la vivienda, el acceso a servicios esenciales, la protección del papiamento y la identidad cultural, y la limitada influencia en las decisiones que afectan a Bonaire siguen generando dudas sobre si la transición cumplió con las expectativas de la población.
Advertencia y referéndum de 2010
El 7 de octubre de 2010, envié una carta de advertencia y objeción al entonces vicegobernador Glenn Thode y a otros gobiernos neerlandeses, locales y antillanos. Las preocupaciones planteadas entonces siguen vigentes hoy.
El referéndum de diciembre de 2010 registró 2,879 votos en contra de la propuesta relativa al estatus de entidad pública de Bonaire, según el artículo 134 de la Constitución neerlandesa, frente a 391 a favor. No se alcanzó el umbral de participación requerido. Sin embargo, la incapacidad del entonces gobierno y consejo insular, que tenían potestad para reconocer el rechazo como una expresión legítima del pueblo, no se convirtió en un capítulo polémico de la historia política constitucional de Bonaire.
Asimismo, persisten las dudas sobre el informe final del observador electoral de las Naciones Unidas que visitó Bonaire durante el referéndum. A pesar de las posteriores consultas, el gobierno neerlandés nunca ha hecho público el informe.
222 días de protesta y el referéndum de 2015
Tras 222 días de protestas continuas, día y noche, exigiendo un nuevo referéndum, se llegó a un acuerdo para celebrar la votación.
El 18 de diciembre de 2015, los habitantes de Bonaire volvieron a expresar su descontento con la relación constitucional vigente. De los 7,689 votos válidos, 5,040 —aproximadamente el 65,55%— votaron «No», mientras que 2,649 votaron «Sí».
El Consejo Insular ratificó unánimemente el resultado como una decisión democrática del pueblo. Sin embargo, en mi opinión, la falta de un cambio significativo representó otro desprecio por la decisión y la voluntad democráticas del pueblo de Bonaire.
El cambio constitucional de 2017: en contra de la voluntad y la decisión democráticas del pueblo de Bonaire
A pesar de las preocupaciones sin resolver de ambos referendos, el 17 de noviembre de 2017 entró en vigor un nuevo cambio constitucional. Los Países Bajos introdujeron el artículo 132a, que incorpora a Bonaire, Sint Eustatius y Saba a su Constitución como entidades públicas. Esto ocurrió en contra de la voluntad y la decisión democráticas del pueblo. En mi opinión, los líderes políticos de la isla, aún en activo, aceptaron una vez más una mayor integración constitucional sin un mandato directo del pueblo, ignorando y traicionando su rechazo democrático expresado en 2010 y 2015, y socavando el derecho de los bonaireños a decidir el estatus constitucional de Bonaire.
¿Qué nos dice la generación más joven?
Un joven bonaireño comentó recientemente si la gente en 2010 comprendía plenamente las implicaciones de la transición. Muchos esperaban mejores salarios, un mayor nivel de vida y mejores servicios esenciales; sin embargo, persisten las preocupaciones sobre el control local, el aumento de los costos, los ingresos familiares y el creciente predominio del neerlandés en la educación en detrimento del papiamento y la identidad cultural.
Un acuerdo constitucional debe juzgarse no solo por sus promesas, sino también por sus efectos en la población.
Bonaire necesita desarrollo, ese es un derecho fundamental de la población, pero no a costa del derecho de los bonaireños a determinar su propio futuro, su identidad cultural o su participación pública. La atención médica, la educación, la protección social y las oportunidades económicas no son privilegios. Se trata de preocupaciones fundamentales en materia de derechos humanos, conforme a las normas internacionales a las que los Países Bajos están comprometidos.
James Finies y BHRO presentan las preocupaciones de Bonaire ante las Naciones Unidas.
Durante el examen de los Países Bajos por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Ginebra en septiembre de 2025, BHRO presentó un informe directamente a la Presidenta, la Embajadora Preeti Saran, y a la Relatora, Julieta Rossi, el 17 de septiembre.
Los miembros del Comité plantearon preguntas relativas a la atención sanitaria, la adaptación cultural, la consulta, el respeto a las creencias culturales y religiosas, y la protección de la lengua y la identidad cultural autóctonas de Bonaire en el ámbito educativo.
Las observaciones finales del Comité expresaron preocupación por la escasa información disponible sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Bonaire, St. Eustatius y Saba. Los Países Bajos deben explicar cómo abordarán estas preocupaciones. La integración constitucional por sí sola no garantiza la igualdad de derechos en la práctica.
Llamado a la rendición de cuentas internacional
El 10 de junio de 2026, Bahamas impulsó un proyecto de resolución en el marco del proceso de la Asamblea General de las Naciones Unidas en apoyo a la propuesta de reincorporación de Bonaire a la lista de Territorios No Autónomos. Esto llevó el caso de Bonaire ante los Estados Miembros de la ONU y ante la comunidad internacional, planteando interrogantes fundamentales sobre su estatus, su autogobierno y su derecho a determinar su propio futuro político.
El Capítulo XI, Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas aborda las responsabilidades de las potencias administradoras respecto de los territorios cuyos pueblos no han alcanzado un grado pleno de autogobierno. El derecho de los habitantes de Bonaire a determinar su propio futuro político también está reconocido en el Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La reincorporación a la lista de la ONU proporcionaría un marco para la rendición de cuentas y un renovado escrutinio internacional de las responsabilidades de los Países Bajos y del estatus político y el desarrollo de Bonaire.
Dieciséis años después: Persisten las preguntas sobre la justicia y el derecho de los bonaireños a determinar su propio futuro político
Dieciséis años después del 10-10-10, las preguntas siguen vigentes: ¿Dónde está el informe del observador electoral de la ONU de 2010? ¿Qué medidas abordarán las preocupaciones de Bonaire en materia de derechos humanos? ¿Cómo se protegerán el papiamento y la identidad cultural? ¿Y cuándo tendrán los bonaireños una voz significativa en la determinación de su futuro?
Los bonaireños merecen más que promesas. Merecen transparencia, la protección equitativa de sus derechos, respeto a su identidad y una participación genuina en las decisiones que afectan sus vidas. Exigen justicia y rendición de cuentas, y un futuro en el que el pueblo de Bonaire tenga una voz significativa y legítima en su propio destino.
