PHILIPSBURG, Sint Maarten – Los inhumanos y horribles acontecimientos ocurridos en Israel y Gaza han llevado a personas de todo el mundo a organizar manifestaciones y marchas pidiendo un alto al fuego y en solidaridad con la difícil situación de los palestinos.
Un grupo de ciudadanos en Sint Maarten preocupados sintieron la obligación de salir a las calles y organizar una manifestación digna y pacífica en solidaridad con el pueblo que sufre en Palestina.
Durante las consultas, donde la policía y los organizadores interactuaron positivamente, se determinó una ruta de marcha y se acordó una fecha para el 19 de noviembre de 2023.
Los organizadores de la manifestación se sorprendieron al descubrir que la Ministra de Justicia prohibió la marcha con una decisión formal el 17 de noviembre de 2023. La Ministra, utilizando el término propaganda, afirmó que había rumores en Internet relacionados con la protesta, supuestamente hablando de destrucción de propiedades y un llamado a quemar banderas. Las autoridades dijeron que esperaban graves disturbios que no podrían evitarse imponiendo restricciones a la manifestación: la única opción que quedaba era la prohibición total de la manifestación, lo que efectivamente resulta en una prohibición de la libertad de expresión y de reunión relacionada.
Humera Alam, portavoz de los organizadores de la manifestación, declaró: “No teníamos ni tenemos indicios de que se esperaran disturbios. Se planeó que la protesta fuera pequeña, modesta y pacífica y, de acuerdo con la policía, también habíamos organizado un grupo de participantes para mantener el orden en estrecha colaboración con la policía.
Y añade: “al prohibir completamente la manifestación, no pudimos expresar nuestras preocupaciones, sentimientos y solidaridad sobre Palestina. Nuestros derechos civiles y humanos están siendo oprimidos y violados, lo que en realidad hace que la prohibición sea algo más que la simple razón para manifestarse en primer lugar. También estamos decepcionados por la falta de transparencia de las autoridades durante todo el proceso”.
Los organizadores decidieron emprender acciones legales y el pasado mes de diciembre se remitió un recurso de apelación al Tribunal de Primera Instancia. Encuentre un enlace directo a la apelación aquí (en holandés) o lea más sobre este caso aquí.
Los organizadores cuentan en este caso con el apoyo de los abogados de PILP, un bufete de abogados y ONG de derechos humanos con sede en Amsterdam que tiene amplia experiencia en casos de derecho a protestar. Jelle Klaas del PILP, abogado destacado en este caso, dijo que: “La decisión de prohibir la manifestación por completo es muy problemática. En primer lugar, porque las autoridades, si es necesario, también pueden imponer restricciones de menor alcance que una prohibición total. En segundo lugar, porque la decisión es jurídicamente completamente contraria a la ley y a los derechos humanos. En tercer lugar, porque de esta decisión emana un enorme efecto paralizador, que hace que la gente piense (erróneamente) que manifestarse en Sint Maarten no es posible o no está permitido, lo que es perjudicial para la democracia y el Estado de derecho”.
Se espera una audiencia judicial más adelante este año.
