PHILIPSBURG, Sint Maarten – El Tribunal de Primera Instancia de Sint Maarten mediante sentencia del 9 de junio de 2023, denegó la solicitud de suspensión de una orden de deportación y detención de la Ministra de Justicia de un ciudadano haitiano.
La mujer, que tiene hijos menores en Haití, intentó ingresar a St. Maarten sin la visa requerida utilizando un permiso de residencia falso de Francia en su pasaporte nativo. La aparición de la residencia francesa en su pasaporte, así como algunos otros elementos dentro de las páginas del pasaporte, incitaron al oficial de fronteras a profundizar en la autenticación del pasaporte. Después de la investigación, se confirmó que el pasaporte era falso y la mujer fue entregada a la policía para su enjuiciamiento.
En consecuencia, el Fiscal la acusó de fraude y la entregó a los Servicios de Inmigración y Protección Fronteriza para su deportación, ya que ingresó ilegalmente y, por lo tanto, actuó contra el orden público, que es motivo de deportación. Además, según la forma en que ingresó a Sint Maarten y el hecho de que no tenía a nadie en Sint Maarten, había motivos suficientes para su detención pendiente de deportación.
Si bien la Ministra es consciente del hecho de que Sint Maarten está obligado por la convención internacional, más específicamente la Convención Europea de Derechos Humanos aplicable, a considerar si alguien realmente necesita protección, este no se ha considerado el caso hasta ahora en los casos manejados en la Corte.
Durante el último año, la Ministra se ha encontrado con situaciones en las que las personas, (solo) después de obtener asesoramiento durante la detención de inmigrantes, afirman que necesitan permanecer bajo la protección de Sint Maarten. A menudo se hacía referencia al estatus de refugiado bajo la convención del ACNUR y al miedo a la vida si fueran enviados de regreso a su país. La convención del ACNUR, según lo decidido repetidamente por los tribunales (de apelación), no es aplicable a Sint Maarten.
De acuerdo con la jurisprudencia aplicable establecida, la Ministra debe respetar las consideraciones de los artículos 2 y 3 de la EVRM (Convención Europea de Derechos Humanos) y, en función de las circunstancias, determinar si una persona podría estar potencialmente en riesgo de recibir un trato inhumano al ser deportado.
En este caso, el abogado Sr. Bloem, en representación de la mujer indocumentada, afirmó que ella huyó de Haití y necesitaba protección según las convenciones internacionales. Eventualmente, se presentaría una solicitud de asilo directamente ante las autoridades holandesas.
El abogado Bloem presentó una medida cautelar ante el Tribunal en la que se solicitaba la suspensión de la decisión de deportación y detención de la Ministra. El abogado Bloem argumentó en la petición que la decisión de deportar y detener a su cliente no fue motivada e ilegal, ya que no tuvo en cuenta la situación en el país de su cliente. Su cliente podría enfrentar un trato inhumano en su país de origen y se hizo referencia a la convención de refugiados del ACNUR y un procedimiento para obtener asilo que se le debe permitir aquí.
En representación de la Ministra de Justicia, la abogada Cindy Marica argumentó que la decisión de la Ministra de deportar y detener a la mujer fue tomada con la debida consideración y todas las circunstancias están justificadas.
La señora Marica señaló el fraude cometido por la mujer, la elusión de los trámites de visa y el hecho de que la mujer nunca afirmó estar en peligro cuando fue arrestada por primera vez. En la primera entrevista con inmigración indicó estar de vacaciones y planeaba volver a donde es empresaria y tiene tres hijos.
La abogada Marica afirmó además que no se probaron circunstancias atenuantes, un comentario general sobre la situación en partes de Haití no fue suficiente para establecer que la Ministra tenía que liberar a la mujer y permitirle permanecer en Sint Maarten. Es importante en relación con la referencia a la supuesta situación de peligro en Haití el hecho de que ella dejó a sus 3 hijos en Haití, de los cuales uno tiene 10 años. Esto generó dudas razonables de que ella realmente estaba en peligro en la parte de Haití donde reside y donde dejó a sus hijos pequeños.
La Corte en sus consideraciones coincidió con los argumentos antes señalados de la Abogada Marica en representación de la Ministra. “La remisión de personas a la situación general en Haití no es suficiente para llegar a la conclusión de que la situación en Haití es tan gravemente insegura que todos los que son deportados o regresan a Haití están automáticamente en peligro”, dictaminó la Corte. El hecho de que sus hijos aún residieran en Haití hacía aún más dudosa la referencia de la mujer al peligro al que estaría expuesta.
En conclusión, la Corte estuvo de acuerdo con los argumentos presentados en nombre de la Ministra de que la mujer no hacía plausible que necesitara protección bajo el EVRM y que la Ministra estaba autorizada y justificada en su decisión de detener y deportar a la mujer en interés de orden público con base en las leyes de inmigración.
La Ministra y el departamento de Inmigración reiteran que ingresar y/o residir ilegalmente en Sint Maarten es contrario al orden público y es motivo de deportación.
Si bien la Ministra ha tomado nota de la opinión de diferentes personas en la comunidad sobre la deportación de personas que residen ilegalmente que se han llevado a cabo a Haití y Venezuela especialmente, la Ministra simplemente está ejecutando las leyes de inmigración por el bien del orden público, que es la obligación y responsabilidad legal de la Ministra.
Las personas tienen la oportunidad de hacer uso de los recursos legales disponibles en casos de deportación (o solicitud de residencia) si así lo requieren. Esto permite que las decisiones de la Ministra sean revisadas y juzgadas por la Corte por posibles infracciones de leyes o convenios internacionales o ilegalidad.
La Ministra no tiene la intención de actuar en contra de ninguna ley o convención y se adherirá a cualquier decisión (final) que pueda ser tomada por los Tribunales en tales casos.
Es importante señalar que todas las solicitudes de suspensión presentadas ante la Corte contra las decisiones de deportación y detención de la Ministra presentadas desde junio de 2022 hasta la fecha han sido denegadas. Se resolvió un caso de deportación y la persona fue puesta en libertad después de que las autoridades francesas confirmaran que se le habían concedido derechos de residencia en Francia.
En todos estos casos de medidas cautelares tramitados durante el último año, la línea roja es que las personas que requieren un permiso de residencia tienen la responsabilidad de solicitarlo, incluso en el caso de que dicha persona afirme necesitar protección porque teme por su vida en su país. Permanecer en Sint Maarten sin un permiso de residencia es ilegal y, según la ley, es motivo de deportación, independientemente del país de origen.
Se puede contactar al Departamento de Inmigración ubicado en A. Th. Illidge Road para obtener información sobre solicitudes de residencia o buscar asistencia legal o visitar nuestro sitio web.
