PHILIPSBURG, Sint Maarten – El 24 de enero de 2022, el presupuesto nacional fue aprobado por mayoría en el Parlamento. El Gobierno, a través de una nota de enmienda, calificó el presupuesto como urgente y, al hacerlo, eliminó el período de 6 semanas otorgado al Defensor del Pueblo para examinar cualquier ordenanza aprobada por el parlamento. Han pasado cinco semanas desde entonces.
“Reflexionando sobre el manejo del presupuesto, se debe recordar que el manejo se convirtió en una disputa totalmente innecesaria, porque el gobierno, ayudado por una mayoría en el parlamento, desafió todas las reglas y, peor aún, defendió sus acciones con argumentos frívolos”, afirmó la MP Wescot en un lanzamiento reciente.
Primero tuvimos la debacle con la asesoría legal solicitada por el mismo parlamento, que estaba claro; el parlamento no debe aprobar un presupuesto con déficit sin la aprobación del gobierno del Reino para tener un presupuesto deficitario.
Luego tuvimos la aprobación del presupuesto y para colmo de males, los parlamentarios de la coalición presentaron enmiendas a un presupuesto que en ese momento no estaba legitimado. Y el gobierno para mantener intacta la coalición, lo acepta.
“Algunos diputados quisieron entonces hacer creer que era necesario aprobar el presupuesto para garantizar las operaciones del gobierno, olvidando convenientemente que estábamos a mitad de 2021 antes de que hubiera un presupuesto aprobado. ¿Cómo sobrevivimos entonces? preguntó la parlamentaria Wescot.
“El 4 de febrero, supimos a través de los medios de comunicación que la solicitud del Gobierno de St. Maarten para una desviación de las normas presupuestarias fue aprobada por el Consejo de Ministros del Reino, lo que, en opinión del gobierno y su apoyo parlamentario, fue una importante victoria. ¿A que costo?”
“No pasó mucho tiempo para descubrir que lo que el gobierno de St. Maarten había rechazado con tanta vehemencia bajo el gobierno de Knops como la supervisión financiera de la organización COHO, ahora había sido aceptado sin más explicaciones”.
Esa aprobación implica la supervisión financiera por y en nombre de una organización que en sí misma no se compromete duramente con ningún aporte financiero, excepto en las 2 instancias ya dictadas por los Países Bajos, a saber, la reforma penitenciaria y fiscal. De manera irónica, esta es una forma de tributación sin representación; el control ejercido por un organismo no político sobre las acciones de un gobierno. El gobierno de St. Maarten está pintando una imagen de que tiene el control. Nada más lejos de la verdad.
“Lo que es cierto es que el gobierno no tiene alternativa a la situación actual, pero esperan que el parlamento transmita sus preocupaciones a los demás parlamentos del Reino holandés”, explicó la parlamentaria Wescot.
Por lo tanto, la diputada Wescot le preguntó a la Primera Ministra si el presupuesto 2022 fue ratificado por el Gobierno de St. Maarten y, de no ser así, ¿por qué no? Además, la MP quiere saber si el Gobierno aún considera urgente la finalización del proceso presupuestario 2022, de ser así, por qué el proceso de ratificación es tan lento; ¿Cuál fue la respuesta FORMAL del Consejo de Ministros del Reino con respecto a la solicitud de desviación? ¿Cuál es el monto del déficit presupuestario permitido para 2022?
En una nota final, la parlamentaria dijo que espera recibir la comunicación formal entre el gobierno del Reino y el Consejo de Ministros de St. Maarten.
