PHILIPSBURG, Sint Maarten – Una sola sentencia de servicio comunitario por un incidente en la esfera relacional no es una razón válida para rechazar una solicitud de extensión de residencia. Así lo determinó este lunes el juez en una causa contra la Ministra de Justicia por rechazar un Certificado de Buena Conducta (VOG), documento que es necesario para la prórroga del estatus de residente.
Una mujer de 33 años que ha estado viviendo legalmente en St. Maarten durante mucho tiempo había solicitado un VOG como parte de la extensión anual de su estadía. Esta solicitud fue rechazada por la Ministra de Justicia el 23 de junio de 2022.
Según la Ministra, la mujer, que fue condenada a 30 horas de servicio comunitario el 15 de junio de 2022, “representa un riesgo para el orden público y la seguridad”. La mujer había sido condenada por agresión y, según la Ministra, había “riesgo de reincidencia”.
La mujer había abofeteado y mordido a su amante cuando ambos estaban en su vehículo. Él le había dicho que él, un hombre casado, quería terminar el contacto con ella. Esto provocó fuertes emociones en la amante, que es veinte años más joven que el hombre y se encontraba en una posición dependiente. No quería dejar de verlo, el es un conocido hombre de negocios en St. Maarten y miembro destacado de la comunidad.
El hombre denunció la golpiza y la mordedura a la policía, y solicitó una orden de alejamiento para la mujer durante la vista del caso en la corte. Así lo concedió el juez: la amante no podrá ponerse en contacto con el hombre o su familia de ninguna manera, directa o indirectamente, durante un año. Además, se le dio un servicio comunitario de 30 horas.
El 27 de septiembre de 2022, la mujer estuvo nuevamente en la corte. Esta vez porque la Ministra de Justicia había rechazado su solicitud de una VOG. El abogado Geert Hatzmann se había opuesto a esto en su nombre.
Según el juez, la Ministra de Justicia Anna Richardson no justificó erróneamente por qué un incidente en el ámbito relacional por el que se ha impuesto una pena de servicio comunitario sería un peligro tan grande para el orden público que debe rechazarse una VOG.
La Ministra ha sido informada por el tribunal que debe considerar los intereses del solicitante y el propósito para el cual se solicita la VOG.
La abogada Cindy Marica-Henderson argumentó en nombre de la Ministra Richardson que la evaluación de la solicitud para la concesión del permiso de residencia es un procedimiento aparte. Esto es correcto, según el juez, quien no puede comprender que “todo esto [el incidente – Ed.] será tomado en cuenta en la evaluación”.
El tribunal concluye que “la VOG es una condición imperativa para la expedición de un permiso de residencia”. Así, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ordenanza Nacional correspondiente, la Ministra debe tener en cuenta en su decisión el motivo de la residencia.
El Tribunal también sostuvo que, a la vista de la jurisprudencia reiterada, la denegación y la solicitud de una prórroga de residencia sobre la base de una sola pena de servicio comunitario es contraria al artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Fundamentales.
La Ministra ha recibido instrucciones del tribunal para que emita una VOG a la mujer dentro de los tres días siguientes a la recepción de la sentencia, o antes del próximo viernes. El País a sido condenado a pagar los costos del juicio que es un total de 1,400 florines antillanos.
Fuente: The Daily Herald https://www.thedailyherald.sx/islands/scorned-woman-entitled-to-leniency-judge-rules
